Querétaro, 13 diciembre 2022.- El presidente del Consejo Estatal de Profesionistas Inmobiliarios de Querétaro (CEPIQ), Arturo Hernández Serrano, celebró la aprobación en la LX Legislatura local del dictamen que establece el impuesto sobre la inscripción de contratos de procesos inmobiliarios en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
El empresario resaltó que fue a propuesta de los propios agentes Inmobiliarios afiliados al consejo, que se logró este procedimiento, que dijo, tiene el objetivo de dar una “fecha cierta” y certeza jurídica a los clientes.
Explicó que no se trata de un impuesto propiamente, sino del pago de un derecho por este trámite; mismo que necesitaba modificaciones legislativas para poder concretar las normas federales.
“No se trata de un impuesto, se trata del pago de un derecho y es para cerrar la pinza en materia inmobiliaria (…). Desde 2019, a nivel nacional, existe una contradicción de tesis publicada por la Suprema Corte de Justicia, donde exige que todos los contratos privados sean inscritos al Registro Público de la Propiedad, para que adquieran materialidad y facultades de comprobación fiscal”, sostuvo.
Además, Arturo Hernández manifestó que este procedimiento brindará seguridad y certeza jurídica sobre el patrimonio de los queretanos ante incumplimientos, o ante situaciones como la Ley de Extinción de Traslado de Dominio.
Y es que esta normativa establece que, en caso de que la propiedad arrendada de buena fe se vea involucrada en un hecho ilícito, el gobierno federal podría asegurar el inmueble; y se perdería el patrimonio de manera injusta.
“Los contratos de arrendamiento, en caso de una auditoría, ya van a ser deducibles de impuestos (…). Si alguna de las partes tienen que demandar uno al otro por alguna circunstancia, tienes que tener fecha cierta (…). Suponiendo que un propietario le renta por accidente a un delincuente, y se incaute ese inmueble, se puede perder si no se tiene fecha cierta”, relató.
Detalló que, en el Ejercicio Fiscal 2023 del estado, se contempla un costo de tres Unidades de Medida y Actualización (UMA’s) para la inscripción de contratos de arrendamiento que cuentan con fe pública. Mientras que los contratos que se quieran integrar directamente al Registro Público de la Propiedad, tendrán un costo de seis UMAS.
“Va a ser una figura opcional, es para aquellos que quieran pagar ese derecho que les da certeza y tranquilidad jurídica. Somos el primer estado en la república, que cierra la pinza, y seguramente los demás estados de la república lo irán replicando”, afirmó.
Hernández Serrano precisó que se llegan a contabilizar hasta 400 mil contratos de arrendamiento los que se celebran anualmente en la entidad; frente a 40 mil traslados de dominio con los que se cierra el año; por lo que se prevé una recaudación de hasta 96 millones de pesos anuales.
