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Quiebra, una realidad de los medios incautados a la banca cerrada en Ecuador | Informes | Noticias

Quiebra, una realidad de los medios incautados a la banca cerrada en Ecuador | Informes | Noticias


Sueldos con retrasos, liquidaciones por cobrar o canceladas a medias, aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) impagas y cuotas de los créditos al banco de esa entidad descontadas del rol de pagos, pero que no fueron transferidas. Estas se suman al listado de irregularidades denunciadas que reflejan el mal manejo de los medios de comunicación incautados por el Estado en el 2008 a la banca cerrada.

Son medios que fueron usados para difundir las tesis del Gobierno del expresidente de la República, Rafael Correa, según sostienen quienes allí laboraban. Y esta semana se avivó la polémica por un video difundido en redes sociales en el que aparece el actual secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, respondiendo que a los empleados de los medios incautados, cuyos sueldos se acreditan de forma irregular, se les pagará “apenas Correa devuelva la plata”.

Después Michelena, quien también fue parte del régimen del correato, se disculpó y dijo que el Gobierno dispuso al Ministerio de Finanzas cancelar $ 6 millones a Gamavisión por las sabatinas realizadas durante el régimen anterior y la transferencia de $ 500 mil para ponerse al día con los 39 empleados de las radios incautadas.

La incautación de estos medios deja como saldo a la fecha un canal (Cablevisión) liquidado por orden de la Superintendencia de Compañías. La editorial Uminasa –que hacía las revistas El Agro, La Onda, entre otras– entró en liquidación voluntaria en junio pasado.

Los extrabajadores de Cablevisión instalaron una productora tras ser liquidados del canal y aún esperan parte de sus liquidaciones. Foto: Ángel Aguirre

En el mismo camino va el canal América Visión, mientras que se analiza cuál de las cuatro radios incautadas sigue en transmisión, asegura Martha Moncayo, gerenta de la Empresa estatal de Medios Públicos, entidad que asumió el paquete accionario de las empresas de comunicación incautadas de acuerdo con los decretos Nº 227 y 354 del presidente de la República, Lenín Moreno, emitidos en noviembre y abril últimos.

La liquidación de Cablevisión costará $ 5,5 millones, la de Uminasa un millón y la de América Visión, $ 200.000, que suman $ 6,7 millones, dinero que saldrá del presupuesto estatal. Si se liquidan las radios llega a $ 8,7 millones.

Moncayo dice que Gamavisión y TC Mi Canal no entran en liquidación. La primera será reactivada antes de ser vendida. “Para TC existen tres interesados (en la compra) ”. Estos medios eran propiedad de los administradores y accionistas del desaparecido Filanbanco del Grupo Isaías. Debían ser vendidos, según se anunció durante el régimen de Correa, pero tras una década y un nuevo gobierno aún no se concreta.

La venta de TC Mi Canal aguarda una resolución judicial que se espera para diciembre próximo tras medidas cautelares establecidas sobre dos terrenos de los hermanos Isaías. “Creemos prudente esperar”, dice Moncayo, “formalizar los procesos en las empresas incautadas puede haber hecho que los procesos sean más lentos, pero se tienen que hacer así porque si el Estado quiere guardar la capacidad de exigir el derecho de repetición a quienes hicieron este daño tiene que tener los procesos correctos”, agrega.

Actualmente a 18 trabajadores de Cablevisión, que tenían más de 20 años de labores, les adeudan parte de sus liquidaciones, ya que solo les cancelaron el 66%. “Se ha pagado el 100% a 50 compañeros porque tenían pocos años, con bajos sueldos y la suma no era muy alta. Pero hay a 18 personas que nos deben entre el 30% y 36%, ya que se nos mensualizó el pago. No nos pagan hace cinco meses atrás”, dice Galo Arbeláez, secretario de los extrabajadores del canal. Agrega que vender los activos no sería una opción. “Están deteriorados, nunca se les dio mantenimiento y no sirven ni para repuesto”.

Moncayo afirma que los recursos se autorizarán. “Al momento hemos desembolsado $ 1,5 millones, el resto de los fondos, que son alrededor de $ 4 millones, necesitamos una resolución del Ministerio de Trabajo que está a un punto de entregarse”, dice.

Los empleados de ese canal estuvieron más de dos años marcando por jornadas en las que no hacían nada, según ellos reconocen.

Los extrabajadores de la Editorial Uminasa reclaman el pago de sus liquidaciones tras el cierre del medio en junio pasado. Foto: José Beltrán

Mientras, unos 190 trabajadores de Gamavisión están dos meses y una quincena sin recibir salario y más de un año de sus aportaciones al IESS no han sido canceladas a la entidad. Varios empleados de la televisora afirman que logran sobrevivir con préstamos, pero las deudas los agobian.

“Se han pagado liquidaciones pendientes desde el 2015 por $ 250 mil dólares a la fecha en Gamavisión”, indica Moncayo.

Los 39 colaboradores de las radios incautadas Super K800, Carrusel, La Prensa FM y Telégrafo AM recién recibieron esta semana las remuneraciones correspondientes al mes de agosto. Y la semana pasada les completaron el pago de julio. Sus empleadores también están en mora patronal.

Los medios públicos tampoco escapan de estos problemas. En diario El Telégrafo los más de 170 trabajadores hasta la semana pasada no recibían sus sueldos completos de septiembre. A algunos de ellos les habían pagado hasta el 45% y recién esta semana se les completó el pago. La misma situación se da en la Radio Pública.

La asambleísta Cristina Reyes (MG-PSC) gestiona que Michelena sea convocado a la Asamblea y dé explicaciones sobre lo que ocurre con los medios públicos e incautados: “Una acción de repetición (para cobrarle a Correa los pagos que el Gobierno debe desembolsar según lo ha dicho Michelena ) no debe posponer los derechos de los trabajadores que son irrenunciables. El Gobierno es el dueño de los medios incautados y es el encargado de encontrar de donde sea los recursos”, afirma.

Es una realidad con la que convive la periodista deportiva María Soledad Reyes, quien pidió la liquidación por desahucio en el 2014 tras trabajar por veinte años en Cablevisión. El caso llegó a los juzgados, pero hasta el momento no se concreta el pago: “Decidí irme porque la situación era insostenible. No podíamos criticar a (Luis) Chiriboga (expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sentenciado a 10 años de cárcel por lavado de activos) por ejemplo, una persecución absoluta incluso con el deporte”. (I)



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