Naciones Unidas, 12 jul (EFE).- La ayuda humanitaria de la ONU seguirá fluyendo desde Turquía al último enclave rebelde del noroeste de Siria, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aceptase hoy las exigencias de Rusia y prorrogase este mecanismo por seis meses en lugar de un año.
El sistema de ayuda transfronteriza, que desde 2014 se usa para llevar asistencia a las zonas de Siria controladas por la oposición, había expirado este domingo como consecuencia del veto ruso a una resolución para prorrogarlo que se votó el pasado viernes.
Tras dos días de parón, el resto de miembros del Consejo de Seguridad han terminado por aceptar la alternativa propuesta por Moscú como un mal menor, a pesar de que la propia ONU y las organizaciones humanitarias insistían en que necesitan un plazo de un año para poder planificar con garantías su trabajo.
Irlanda, que junto a Noruega fue la encargada de liderar las negociaciones, reconoció hoy que la solución no es la ideal, pero es la única forma de asegurar que la ayuda siga llegando a quien la necesita.
“Este es un delicado equilibrio entre las distintas posturas de los miembros del Consejo”, explicó la embajadora irlandesa, Geraldine Byrne Nason.
El pasado viernes, Rusia bloqueó en solitario una resolución fruto de largas negociaciones y que habría extendido el mecanismo transfronterizo por un año más, mientras que China se abstuvo y hubo 13 votos favorables.
La delegación rusa, a continuación, sometió a votación una propuesta para extender el sistema por seis meses, con opción a renovarlo nuevamente por otro medio año, pero solo China la apoyó, mientras que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido votaron en contra.
Hoy, Washington, París y Londres -que como Moscú y Pekín tienen poder de veto- se abstuvieron y permitieron que el texto saliese adelante con el apoyo del resto de países.
“El voto de esta mañana es lo que pasa cuando un miembro toma como rehén a todo el Consejo de Seguridad con las vidas de hombres, mujeres y niños de Siria en juego”, señaló Richard Mills, el embajador adjunto de Estados Unidos.
Con pequeños cambios, la resolución recoge las exigencias delineadas por Rusia: seis meses de prórroga y nueva votación para extenderla el mes de enero.
“Renovar la ayuda transfronteriza al noroeste de siria es lo menos que el Consejo de Seguridad podía hacer para millones de personas atrapadas en una emergencia humanitaria cada vez mayor. Pero es vergonzoso que Rusia una vez más lograse chantajear a los miembros del Consejo”, señaló la ONG Human Rights Watch (HRW).
Una de las cuestiones que preocupa a los grupos humanitarios y a muchos países es que la próxima extensión del mecanismos tendrá que negociarse en pleno invierno, cuando las necesidades sobre el terreno son aún más dramáticas.
A pesar de la relativa calma de los últimos años en el plano militar, la situación humanitaria en Siria ha seguido deteriorándose y hoy, con una coyuntura económica e internacional muy compleja, la situación es peor que nunca, según la ONU.
De los 4,4 millones de personas que residen en las áreas controladas por la oposición en el noroeste de Siria, 4,1 millones precisan ayuda humanitaria -2,9 millones en Idlib y 1,2 en el norte de Alepo-, y más de tres cuartas partes de ellos son mujeres y niños, según datos de la organización.
Cada mes, más de 2,4 millones de personas se benefician de la asistencia que entra por el cruce de Bab al Hawa, que conecta Turquía con Idlib y es el único que puede usarse en el marco de este mecanismo, después de que en años anteriores Rusia forzase el cierre de otros puntos.
El Gobierno ruso, principal aliado de las autoridades de Damasco, defiende desde hace tiempo que lo mejor sería dejar progresivamente de entregar ayuda a Idlib desde el exterior y pasar a canalizar toda la asistencia desde el interior del país, lo que haría que dependa del Ejecutivo sirio.
Según Moscú y Damasco, la ayuda que entra por el cruce de Bab al Hawa beneficia a grupos terroristas como la organización antes conocida como Frente al Nusra, sancionada por la ONU y que controla de facto la región, mientras que Naciones Unidas y otros países insisten en que hay controles adecuados para evitarlo.
