Nueva York, EUA.- Si no puede pagarse un abogado tiene derecho a uno de oficio.
La frase no parece hecha para Joaquín «El Chapo» Guzmán, el supuesto líder multimillonario del Cartel de Sinaloa, que en la actualidad está siendo defendido en Nueva York de cargos de tráfico de drogas por un abogado de oficio.
Los fiscales del distrito este de Nueva York han pedido a la corte que analice si «El Chapo» no puede permitirse pagar un abogado privado, ya que, aseguran, es necesario averiguar si los contribuyentes estadounidenses están pagando de forma innecesaria la defensa del líder «de la mayor y más prolífica organización de tráfico de drogas del mundo».
En una carta dirigida al juez Brian Cogan, los fiscales aseguran que el análisis sobre la situación financiera de «El Chapo» está justificado debido, entre otras cosas, a numerosos reportes sobre su supuesta enorme riqueza.
«Tal y como indica la acusación, Guzmán estuvo involucrado en el tráfico de al menos 250 toneladas de cocaína en cargamentos destinados a los Estados Unidos, de los cuales sólo una parte fueron incautados. Esa cocaína está valorada en miles de millones de dólares», dice la carta.
Cuando la oficina de los fiscales fue contactada para saber si a Guzmán se le permitiría pagar un abogado privado con dinero obtenido de la venta de droga, la respuesta de los portavoces fue que rechazaban comentar sobre el asunto.
Los fiscales Robert Capers y Arthur Wyatt también aseguran en su carta que los abogados de oficio de «El Chapo«, del grupo Federal Defenders, representaron en corte en el pasado a dos individuos que podrían ser testigos del gobierno durante el juicio de Guzmán, además de a otros tres cómplices del capo mexicano.
Eso, afirman, podría suponer un conflicto de intereses. Los fiscales no mencionan a los individuos por su nombre. Capers y Wyatt dicen que si la corte dictamina que Guzmán no puede pagarse un abogado privado, habría que fijar una audiencia para analizar esos posibles conflictos de interés y asegurar que el acusado está enterado de ellos.
Por su parte, Michael Schneider, el abogado de oficio de Guzmán, dijo en un mensaje de correo electrónico que es difícil que su cliente contrate a un defensor privado porque éste permanece en una celda de aislamiento 23 horas al día y no se le ha permitido hacer llamadas o reunirse con sus familiares.
«La decisión de contratar a un abogado suele hacerse junto a parientes, tras una larga consideración. Al señor Guzmán no se le ha permitido hacer esto», dijo Schneider.
Nueva York, EUA.- Si no puede pagarse un abogado tiene derecho a uno de oficio.
La frase no parece hecha para Joaquín «El Chapo» Guzmán, el supuesto líder multimillonario del Cartel de Sinaloa, que en la actualidad está siendo defendido en Nueva York de cargos de tráfico de drogas por un abogado de oficio.
Los fiscales del distrito este de Nueva York han pedido a la corte que analice si «El Chapo» no puede permitirse pagar un abogado privado, ya que, aseguran, es necesario averiguar si los contribuyentes estadounidenses están pagando de forma innecesaria la defensa del líder «de la mayor y más prolífica organización de tráfico de drogas del mundo».
En una carta dirigida al juez Brian Cogan, los fiscales aseguran que el análisis sobre la situación financiera de «El Chapo» está justificado debido, entre otras cosas, a numerosos reportes sobre su supuesta enorme riqueza.
«Tal y como indica la acusación, Guzmán estuvo involucrado en el tráfico de al menos 250 toneladas de cocaína en cargamentos destinados a los Estados Unidos, de los cuales sólo una parte fueron incautados. Esa cocaína está valorada en miles de millones de dólares», dice la carta.
Cuando la oficina de los fiscales fue contactada para saber si a Guzmán se le permitiría pagar un abogado privado con dinero obtenido de la venta de droga, la respuesta de los portavoces fue que rechazaban comentar sobre el asunto.
Los fiscales Robert Capers y Arthur Wyatt también aseguran en su carta que los abogados de oficio de «El Chapo«, del grupo Federal Defenders, representaron en corte en el pasado a dos individuos que podrían ser testigos del gobierno durante el juicio de Guzmán, además de a otros tres cómplices del capo mexicano.
Eso, afirman, podría suponer un conflicto de intereses. Los fiscales no mencionan a los individuos por su nombre. Capers y Wyatt dicen que si la corte dictamina que Guzmán no puede pagarse un abogado privado, habría que fijar una audiencia para analizar esos posibles conflictos de interés y asegurar que el acusado está enterado de ellos.
Por su parte, Michael Schneider, el abogado de oficio de Guzmán, dijo en un mensaje de correo electrónico que es difícil que su cliente contrate a un defensor privado porque éste permanece en una celda de aislamiento 23 horas al día y no se le ha permitido hacer llamadas o reunirse con sus familiares.
«La decisión de contratar a un abogado suele hacerse junto a parientes, tras una larga consideración. Al señor Guzmán no se le ha permitido hacer esto», dijo Schneider.
