México, diciembre (SEMlac).- (Imagen Ilustrativa/depositphotos) Cinco iniciativas ya están en manos del Senado para regular a las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial (IA) y el combate a la violencia digital contras las mujeres y menores de edad, entre ellas una que promueve sancionar ilícitos de esta naturaleza en el Código Penal Federal, anunció Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia.
La afirmación de Sánchez Cordero quedó expuesta en Foros sobre Inteligencia Artificial y nuevas tecnologías, donde el Senado lleva meses estudiando estos temas.
La Ministra en retiro expresó la preocupación que existe a nivel global y nacional respecto a encontrar normas jurídicas y que las propuestas legislativas tengan la claridad sobre la libertad de expresión, por lo que refirió que sólo se busca fortalecer las capacidades del Estado mexicano, particularmente en su lucha contra la delincuencia organizada.
Una de las principales preocupaciones de la legisladora es la violencia digital contra las mujeres y la pornografía infantil, a través de los llamados deep fakes o «falsedades profundas», que son archivos de videos o voz manipulados mediante software de inteligencia artificial de modo que parezcan originales, auténticos o reales.
También inmerso ya el país en el proceso electoral 2024, existe la preocupación de posibles amenazas derivadas del uso de esa tecnología por parte de la delincuencia organizada durante los procesos electorales, donde podría emplearse para engañar a los electores, con montajes en videos o imágenes que sustituyan a una candidata o candidato.
Sánchez Cordero compartió que los casos que detonaron su interés, para promover la reforma al artículo 200 del Código Penal Federal, involucraron actividades ilícitas en Quebec, Canadá y Carolina del Norte, Estados Unidos. En la Ciudad de México, los deep fakes van desde la creación de pornografía infantil, hasta la violencia sexual por medios digitales.
Refirió que también hay observaciones relacionadas con la falta de claridad de las propuestas legislativas y su posible intervención en la libertad de expresión; pero aclaró que sólo pretenden fortalecer las capacidades del Estado mexicano, particularmente en su lucha contra la delincuencia organizada.
Paula Vargas, directora de Políticas de Privacidad para América Latina de la empresa de tecnología Meta, señaló que las nuevas tecnologías tienen un rol importante en la generación de contenido dañino y desinformación, pero también ayudan a resolver los problemas que se presentan.
Por ello, llamó a ver aspectos como la transparencia de la información de los usuarios, y que estos sepan para qué y cómo se usan, a efecto de que puedan tomar decisiones. Además, se tiene que cuidar que los algoritmos se apeguen a los principios de inclusión y equidad, para no afectar a unos grupos sociales por encima de otros.
Refirió que hay algoritmos que pueden ayudar a detectar, clasificar y mitigar datos que generan desinformación, por lo que la inclusión de la Inteligencia Artificial es necesaria, para asegurar que se cuenta con sistemas fuertes ante adversarios en esta materia.
Jesús Edmundo Coronado Contreras, especialista en derecho e Inteligencia Artificial, dijo que los legisladores deben analizar la forma en que se establecerán las sanciones y buscar un equilibrio en el ámbito jurídico, pues explicó que, en el caso del fraude y el ciber fraude, son diferentes tipos penales por tratarse de conductas delictivas distintas.
Regulación de la Inteligencia Artificial con respeto a derechos y libertades
La preocupación de las y los legisladores y representantes de la sociedad a quienes han invitado a estos debates respecto a la regulación jurídica son la ética y la responsabilidad.
En el Senado se viene realizando desde septiembre, en foros y debates, el análisis sobre la Inteligencia Artificial con el objetivo de regular esta tecnología, donde legisladores han expuesto las preocupaciones para que la regulación jurídica contenga los principios éticos y los más altos valores humanos.
Por tal razón, han invitado a expertos y actores de la sociedad como la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Lilia Ibarra Cadena, que expuso que ninguna nación será próspera si no tiene garantizada la seguridad digital, pero tampoco será democrática si no cuenta con instituciones autónomas y con vocación social, que impulsen el respeto a sus derechos y libertades.
En los debates han reconocido que están conscientes de que la IA no se crea por sí misma, hasta hoy, asocia datos que necesita de artífices humanos, lo que quiere decir que la responsabilidad que sigue es absolutamente humana. Y que se está en un terreno desconocido.
La Cámara de Diputados ya cuenta con cuatro iniciativas en materia de identidad digital, ciber defensa, economía digital, Inteligencia Artificial y robótica, con el objetivo de asegurar el uso ético de estas tecnologías, de acuerdo con lo expresado por el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, el diputado Javier Joaquín López Casarín.
Las mejoras en materia tecnológica cambiarán las narrativas actuales, principalmente en la toma de decisiones, el posible abandono del pensamiento humano y el libre albedrío; por ello, consideró importante empezar un debate para comprender de mejor manera las implicaciones de estas tecnologías, para así aplicar técnicas que beneficien al desarrollo de las próximas generaciones.
El 17 de noviembre, en una reunión con el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT) en el que participó la senadora del Partido Verde, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, quien ha promovido los foros en el Senado en la materia, se informó que ya existe un mapa de ruta para una regulación responsable de la Inteligencia Artificial.
Soto Ruíz refirió que, como parte de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), tanto en la Cámara de Diputados y de Senadores ya se cuenta con una hoja de ruta para la regulación responsable en materia de Inteligencia Artificial.
Explicó que la ANIA es un mecanismo multiparte donde la academia, la sociedad civil, organismos internacionales y nacionales están discutiendo por dónde debería ir la regulación, la política pública, la estrategia y el modelo de gobernanza.
En el tema de Derechos Humanos, se debe promover la diversidad, la igualdad, el acceso general a la Inteligencia Artificial, proteger la dignidad, privacidad y los datos personales.
En su opinión se debe generar un entorno de confianza digital, evitar sesgos y discriminación y, lo que más sale en las mesas de trabajo, promover la educación. Es decir, cambiar el modelo educativo, concientizar a la población de los riesgos del uso de la inteligencia artificial, implementar políticas específicas para la preservación de lenguas y culturas indígenas.
México se encuentra en el quinto lugar en Latinoamérica en adopción de Inteligencia Artificial, por lo que se debe detonar la cultura de innovación, cumplir con los derechos fundamentales de libertad de expresión y protección de datos: respeto al derecho a la competencia, a los derechos de autor y la propiedad intelectual; contribuir al desarrollo; la responsabilidad enfocada en transparencia y la obligación de la industria de informar a los usuarios cuando se está usando IA.
Soto Ruíz afirmó que, como resultado de los trabajos de la ANIA, ya hay una iniciativa de reforma constitucional que se presentó y busca facultar al Congreso para poder legislar en temas de la Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Neuroderechos, iniciativa firmada por todos los grupos parlamentarios.
