En vísperas de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 normalistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la noche de este martes su último informe sobre el caso Ayotzinapa, en el que señala que “no ha sido posible avanzar más” porque Gilberto López Astudillo, alias El Gil, miembro de Guerreros Unidos, “no ha mostrado voluntad para seguir cooperando”.
En el documento, que difundió la Secretaría de Gobernación, el titular del Ejecutivo federal insistió que “no existe ninguna prueba” contra de la participación del Ejército mexicano en los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Asimismo, reiteró que hasta el último día de su gobierno se seguirá buscando a los jóvenes y consideró que “este vergonzoso asunto” no debe cerrarse nunca. Sostuvo que es un expediente abierto “y si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón” que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum lo logre, pues es “una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia”.
El presidente López Obrador dijo que, “por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como extranjeros”, empezó a manejarse la versión por parte de los defensores de las familias de que el Ejército habría sido el responsable de la desaparición de los jóvenes.
En este sentido insistió en que “esta conjetura fue impulsada, entre otros, por la pseudoperiodista Anabel Hernández”, quien publicó un libro al respecto en el año 2016, en el que “sin ninguna prueba” afirma que los estudiantes había secuestrado un camión con heroína con destino a Estados Unidos.
En la información dada a conocer esta noche, que incluye anexos y una carta de siete páginas dirigida a los padres, aseguró que nunca dejará en el olvido “esta justa y humana misión. Desde los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras”.
Al ex presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) le otorgó su confianza “para hacer acuerdos con quien pudiéramos informar sobre el paradero de los muchachos”.
En este sentido, indicó, se pudo avanzar en las investigaciones pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del grupo de Guerreros Unidos, López Astudillo aceptó colaborar como testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los normalistas desaparecidos: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
El mandatario recordó que el gobierno de Enrique Peña Nieto “quiso dar carpetazo” al caso construyendo la llamada “verdad histórica”, según el cual, los jóvenes habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, por miembros de Guerreros Unidos y con la complicidad de policías locales.
Apuntó que esa versión, que echó abajo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fue sostenida por el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; y por el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia mexicana, refugiado en Israel, y de quien los padres de los 43 normalistas demandan su extradición.
Asimismo, el Ejecutivo federal criticó de nuevo a las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los padres y madres de los 43 estudiante, y los acusó de expresar su “beneplácito” y aprobar la liberación de 65 presuntos responsables, bajo el argumento de que habían sido torturados.
El presidente López Obrador indicó que la periodista Anabel Hernández “maneja mucha información de la Administración de Control de Drogas (DEA), falsa o verdadera, según se lo ordenen, participó como testigo en un tribunal de Estados Unidos para defender la solicitud de asilo del juez municipal, Ulises Bernabé, quien sostuvo que supuestamente esa noche los jóvenes nunca fueron llevados a la comandancia de Iguala, cuando hay testimonios que aseguran lo contrario”.
Puntualizó que por la presunta desaparición de los 43 normalistas, han sido procesadas 151 personas, de las cuales 134 son civiles y 16 militares, entre ellos dos generales. Asimismo, abundó, se encuentra pendiente de ejecutar tres órdenes de aprehensión más en contra de militares. Además, dijo, en este sexenio el número de encarcelados se incrementó de 59 a 120 personas.
El mandatario agregó que la búsqueda en campo se ha extendido en 858 sitios con la participación de 270 personas de distintas instituciones y “con el equipo tecnológico más apropiado”.
