Querétaro, 9 diciembre 2022.- Sesionó este viernes la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, en la cual se aprobaron diversas modificaciones en favor de la mejora regulatoria y la promoción de la transición a un gobierno digital.
El presidente de la Comisión, diputado Guillermo Vega Guerrero, explicó que, en primera instancia, se aprobó la creación del nuevo Instituto Registral y Catastral del estado de Querétaro.
Detalló que, con el aval de sectores como notarios, peritos valuadores, agentes inmobiliarios, desarrolladores, se fusionarán las instancias del Registro Público de la Propiedad y la Dirección de Catastro en la entidad, a fin de agilizar los trámites.
“Lo que busca es integrar en un instituto, tanto al Registro Público de la Propiedad como a la Dirección de Catastro del estado, con la intención de agilizar los tiempos, los trámites en esta nueva dinámica que esta legislatura ha venido creando, para efectos de dar certidumbre jurídica, mejorar la calidad en la atención que reciben los usuarios”, argumentó.
Guillermo Vega indicó que, ante la necesidad de eficientar estos procedimientos, se desincorporarían estas responsabilidades de la Secretaría de Gobierno; y este instituto estará vinculado a la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura.
“Es darle mayor viabilidad a esta instancia, para que tenga, por la cercanía con la figura de la gubernatura, el poder manejar temas estratégicos para el estado, y me parece que hoy el tema de poderle dar certidumbre, certeza y celeridad, a las compras, la regulación de la tierra, la instalación pronta y expedita”, sostuvo.
Por otro lado, se aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, consistente en la conformación de eliminar algunos requisitos electivos para diferentes servidores; con el objetivo de evitar la violación de derechos humanos. Uno de los requisitos, dijo, era no haber sido condenado por alguna sentencia; por lo que se desaparecería este punto.
De la misma manera, se aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para permitir que las iniciativas se puedan presentar de manera electrónica.
