San Luis Potosí enfrenta una situación crítica en el ámbito de la justicia, con la posibilidad de que tanto el Poder Judicial estatal como el federal suspendan sus servicios debido a conflictos laborales y reformas controvertidas. A nivel local, los trabajadores del Poder Judicial del Estado (PJE) han paralizado sus actividades en varios distritos judiciales, exigiendo el pago de salarios, prestaciones y el restablecimiento de servicios médicos para ellos y sus familias. La huelga, de carácter indefinido, fue decidida tras considerar insuficientes las propuestas del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Arturo Morales Silva, quien no logró convencer a los trabajadores de que se resolverían sus demandas de manera expedita.
Por otro lado, el Poder Judicial de la Federación (PJF) se enfrenta a un posible paro indefinido por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) en respuesta a la reforma judicial impulsada por el gobierno federal. Esta reforma busca someter a elección popular a jueces federales y locales, lo que ha sido percibido por los trabajadores como una amenaza a la independencia del Poder Judicial y, en última instancia, a la democracia mexicana.
Los trabajadores sindicalizados del Noveno Circuito del PJF en San Luis Potosí han expresado su apoyo a la huelga del PJE y rechazan las reformas propuestas, señalando que ambas acciones –la suspensión de pagos a nivel local y la reforma federal– representan un ataque coordinado contra la independencia judicial. La conjunción de estos conflictos podría dejar a San Luis Potosí sin acceso a servicios judiciales, poniendo en riesgo la justicia en la región.
