México, diciembre (SEMlac).- (Imagen Ilustrativa/depositphotos) Las madres buscadoras son las más agredidas en México, según el registro de agresiones a mujeres defensoras de los derechos humanos emitido por la Iniciativa Mesoamericana (IM-Defensoras), que abarca a El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.
De acuerdo con el mencionado registro, en los primeros nueve meses de 2023 se registraron 4.456 agresiones a las defensoras, sus organizaciones y comunidades, superior a las 4.083 agresiones registradas en el 2022.
Frente a la violencia contra las mujeres, las defensoras de los derechos humanos se unieron ante la misoginia, el racismo y el capitalismo.
Los datos asustan, pues las cifras preliminares trimestrales señalaron que de julio a septiembre se registraron 1.375 agresiones contra al menos 300 defensoras y 21 organizaciones.
En ese trimestre tres defensoras fueron asesinadas: Juana María Martínez, defensora del pueblo indígena Pech y Soraya Álvarez, defensora trans de los derechos LGBTI, en Honduras; y Zulema Guadalupe Ramírez, defensora de los derechos laborales integrante de la Red de Trabajadoras Sexuales, en México.
A nivel regional, los principales agresores son personas desconocidas, seguido de autoridades públicas. Un total de 826 agresiones tuvieron carácter colectivo, 485 fueron perpetradas contra defensoras a nivel personal y 64 contra organizaciones o grupos de defensoras.
El hostigamiento continúa siendo la forma de agresión más frecuente, seguido de diversas formas de violencia (física, psicológica y verbal), y de amenazas.
En México, este trimestre se duplicó respecto al anterior. Las agresiones contra defensoras buscadoras de personas desaparecidas a través de violaciones a su derecho a la verdad, justicia y reparación aumentaron en un 52 por ciento y la limitación, impedimento y/ o ataques para recabar, obtener, recibir y poseer información, en un 20 por ciento.
En este sentido, destaca la violencia física contra las madres buscadoras del colectivo Desaparecidos Querétaro, acontecida en agosto, quienes después de 12 horas de haber iniciado una protesta en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado, fueron agredidas física y verbalmente por personas uniformadas con insignias de la Policía de Investigación del Delito.
Asimismo, se registraron 26 agresiones contra integrantes de las brigadas de búsqueda independientes del colectivo Hasta Encontrarte, en Guanajuato, quienes denunciaron que el gobierno del Estado les quitó la protección de la policía estatal durante las búsquedas en campo.
En México, los perpetradores son autoridades públicas en un 38 por ciento; desconocidos y usuarios virtuales desconocidos en un 30 por ciento, y la policía en un nueve por ciento.
En El Salvador son significativas las agresiones contra defensoras de los derechos de las mujeres, de derechos sexuales y reproductivos, de derechos LGBTI y sus organizaciones.
Estas agresiones han contemplado campañas de desprestigio y ciberbullying. Los cuerpos policiales y personas desconocidas virtuales son los principales perpetradores.
Destacan que organizaciones de derechos humanos y de periodistas presentaron un informe en el marco del 187 período de sesiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reporta que, a raíz de la entrada en vigencia del régimen de excepción, existen más de 6.436 denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas y de sus familiares.
En Nicaragua, durante este trimestre, sobresalen con un 48 por ciento las agresiones contra defensoras del derecho a la participación política y a participar en espacios de toma de decisiones.
En los meses de julio a septiembre se ha incrementado la vigilancia y hostigamiento físico y digital contra familiares de presas políticas y lideresas de la oposición exiliadas; destacando 42 agresiones de odio viral y 31 de ciberbullyng. Durante el mes de septiembre, familiares reportaron hostigamiento y vigilancia policial, principalmente en el marco de las festividades por la conmemoración de la independencia.
También se incrementaron las agresiones contra quienes defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación. Establecieron una nueva modalidad de celebración de juicios sin que la acusada se comunique con la persona que la defiende jurídicamente.
En Honduras continúan los ataques dirigidos contra quienes defienden la tierra y el territorio, los cuales representan el 62 por ciento del total registrado durante este trimestre.
Es el caso de la defensora garífuna Norma Lino y sus compañeros de la recuperación Intermar, en Puerto Castilla, quienes fueron atacados por hombres armados; el del Grupo Campesino Brisas del Humuya, donde 46 familias enfrentan amenazas y hostigamiento: o el de Miriam Miranda, coordinadora y defensora de la Ofraneh, quien en septiembre vivió un operativo armado frustrado semejante al que terminó con la vida de Berta Cáceres.
Estas agresiones dan cuenta de la prevalencia de las principales formas de agresión, donde destacan hostigamientos, amenazas y violencia psicológica. Destacan también las 37 agresiones contra quienes defienden el derecho de la comunidad LGBTIQ+, las cuales se suman al creciente número de transfeminicidios en los últimos dos años, como el de Soraya Álvarez Portillo, activista trans asesinada el 22 de septiembre, quien se encontraba en un estado de mayor indefensión luego de serle retiradas medidas de protección.
