Querétaro, 20 de abril del 2023.- La Subsecretaría de Desarrollo Político y Social, al igual que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) incurrieron en omisiones que derivaron en la violación de los derechos humanos de «reunión pacífica, libertad personal, integridad personal, legalidad y seguridad jurídica» de los manifestantes que protestaron, en junio del año pasado, en contra de la Ley de Aguas.
Así lo advirtió la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado (DDH), quien después de 10 meses de haberse registrarse la represión a los protestantes en 5 de Febrero, emitió una recomendación (254)/1/2023 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno.
En el caso de la subsecretaria de Desarrollo Político y Social, la DDH confirmó que esta omitió entablar «un diálogo abierto, incluyente y fructífero con los manifestantes, antes y durante su desarrollo, con la finalidad de recibir, escuchar, atender y dar respuesta conforme a la ley a sus peticiones, así como por no haber cumplido con su obligación constitucional de respetar, proteger y garantizar, el derecho humano de reunión pacífica», abundó.
Mientras que, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) omitió promover un entorno propicio para el desarrollo de la manifestación pacífica, además de que hicieron uso de la fuerza pública y detuvieron a tres personas.
En este sentido, emitió una serie de recomendaciones a la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social y quien tendrá que elaborar, aprobar e implementar un protocolo en el cual se establezcan los lineamientos y directrices a seguir durante las manifestaciones o protestas que se realicen en el estado, el cual deberá ajustarme a los parámetros existentes en materia de derechos humanos y que prevengan, delimitar, coordinar, controlar y sancionar de manera efectiva sus actos u omisiones.
Mientras que señalaron que el Órgano Interno de Control tendrá que iniciar investigaciones para deslindar las responsabilidades respectivas y determinar las sanciones correspondientes «en un tiempo oportuno», así como diseñar e impartir un curso a todo su personal que incluya temas como el diálogo y mediación en las manifestaciones, la importancia de las manifestaciones y protestas en un Estado de Derecho, mecanismos de diálogo y concertación política durante el desarrollo de manifestaciones.
Así como a la SSC, se le recomendó elaborar, aprobar e implementar lineamientos, enfocados en asegurar la protección de quienes participen en manifestaciones o protestas pacíficas, y en el cual se establezca «de manera clara la cadena de mando y atención para este tipo de eventos, a fin de prevenir, delimitar, controlar y sancionar de manera efectiva sus actos u omisiones, ello acorde con los protocolos en la materia, así como a los parámetros nacionales e internacionales en materia de derechos humanos».
También se les ordenó iniciar una investigación en el Órgano Interno de Control y que se diseñe e imparta un curso integral dirigido a su personal.
«Tras una exhaustiva investigación que incluyó nueve informes, 23 entrevistas y testimoniales, el desahogo de 30 videos y 12 fotografías, así como inspecciones y acompañamientos diversos», abundó la DDH.
