Querétaro, 7 diciembre de 2022.- El presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, Enrique Correa Sada, se reunió la tarde de este martes con representantes de empresas de Servicios de grúas concesionarias en la entidad.
La reunión se llevó a cabo al término de la sesión de pleno, en la cual se aprobó por unanimidad el paquete de dos iniciativas de reforma a Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro, que regula el Servicio Público de Transporte de Arrastre, Salvamento y Arrastre, Depósito y Guarda de vehículos.
Y es que los empresarios afirmaron que no se les tomó en cuenta en el proceso de construcción de este proyecto de ley; y que se daría pie a la participación de empresas foráneas que cuentan con una concesión federal.
En este sentido, Correa Sada apuntó que los inconformes escucharon positivamente la premisa de etas modificaciones, que es regular el servicio y evitar que quienes no cuenten con permisos puedan operar.
De esta manera, indicó, la reforma que establece que los concesionarios que mantienen operaciones en carreteras federales no podrán operar si no cuentan con el permiso estatal; facultad que estará en la Agencia de Movilidad.
“Esta ley lo que fortalece es que solo pueda brindar el servicio quien tiene una concesión. En esta ley sancionamos a la autoridad administrativa, ya sea policía, tránsito o fiscalía, que no utilice los servicios concesionados. Sancionamos a las grúas que no estén concesionadas y estén otorgando servicios”, explicó.
Asimismo, Enrique Correa precisó que se contabilizan hasta el momento cerca de 14 empresas que albergan hasta 147 concesiones; mismas que dijo, ya habrían tenido acercamiento con el Instituto Queretano del Transporte, para conocer las iniciativas.
Sin embargo, sí reconoció que se abriría la puerta para nuevas concesiones, al eliminar filtros que permitirán a empresas o particulares dueños de grúas participar de este procedimiento.
Finalmente, el legislador refirió que, en el apartado de corralones, donde se estipula la venta, remate, subasta y chatarrización de vehículos después de seis meses de abandono, se establecieron porcentajes de ingresos para los involucrados.
Comentó que un 10 por ciento de lo recaudado será para los dos concesionarios de los actuales espacios de depósito de vehículos que existen; 10 por ciento para la grúa de arrastre y un 80 por ciento, dirigido a la administración estatal, particularmente para la operación de la Agencia de Movilidad.
Además, agregó que se determina en la iniciativa que esta instancia deberá estudiar cada dos años la viabilidad de la apertura de más corralones.
