El gobierno de Veracruz desembolsó 864 mil pesos para financiar una conferencia impartida por el influencer Diego Ruzzarín, según reportes de Latinus. La cifra ha generado controversia por el alto costo del evento y la naturaleza del gasto público destinado a actividades de esta índole, cuestionando la transparencia en la contratación de servicios de comunicación y conferencias por parte de la administración estatal.
Ante el señalamiento, Ruzzarín admitió haber recibido el pago, aunque aclaró que este no provino directamente de una partida oficial del gobierno, sino de un proveedor privado contratado por el Estado. Esta distinción busca deslindar su responsabilidad directa con el erario, bajo el argumento de que su relación contractual se estableció con un intermediario comercial que gestionó la logística de su participación.
El caso ha abierto un debate sobre los mecanismos de fiscalización y el uso de recursos en Veracruz. Especialistas señalan que la triangulación de pagos mediante proveedores privados es una práctica recurrente para evadir la rendición de cuentas sobre los montos erogados, exigiendo una investigación exhaustiva que aclare si el costo de la conferencia se ajusta a los precios de mercado y bajo qué criterios se seleccionó al influencer.
